Experiencias internacionales en la privatización de prisiones

La privatización de los Centros penales a nivel internacional cuenta con muchas experiencias que se pueden abordar, visto desde la raíz, la desnacionalización de los centros penales tergiversa el fin de los sistemas penitenciarios porque; dejar en manos privadas la seguridad y administración de las cárceles equivale a que el sistema penitenciario el objetivo pierda su norte, el reflejo del administrador será el lucrativo, por encima de la reinserción social, la privatización de los centros penales es un negocio rentable y tentador para la empresa privada ya que cada recluso se traduce en dinero.
La experiencia internacional habla por sí misma, al respecto es sensato mencionar que el fin fundamental de la empresa privada en su mayoría es el de obtener utilidades empleando el menor costo posible, por lo que en la incorporación de la organizaciones privadas al sistema penitenciario no es una buena opción,   por cuanto no se le da un trato adecuado y conforme a derecho al privado de libertad con acompañamiento integral profesional, las experiencias internacionales han sido la carta de presentación de estos sistemas; Estados Unidos y Chile son un ejemplo claro de ello donde se ha evidenciado un inadecuado manejo de las prisiones.
Los centros penitenciarios deben adecuarse de acuerdo con la normativa vigente y vinculante de cada nación, de ahí la importancia que el estado como garante del respeto del marco jurídico tenga poder de decisión sobre los laudos que se toman en cuanto a privados de libertad. Además, el gobierno tiene las capacidades de obtener capacitación y recursos que para la población penitenciaria será sustancialmente positivo si el gobierno participa que si por el contrario se dejan las responsabilidades en la organización privada.
Chile, Estados Unidos y México por mencionar algunos a nivel continental han sido ejemplo de ello y los resultados no han sido los esperados, según RT en español “Desde el año 1990 el número de presos en EE.UU. aumentó en 16 veces alcanzando los más de dos millones de personas encarceladas” (2013). Son justamente estos números los que hacen de este un negocio atractivo para la empresa privada, sin embargo, el fenómeno carcelario lejos de verse como una actividad lucrativa debería verse como una actividad en pro de la sociedad con un acompañamiento profesional integral, que ayude de manera potencial a que se dé una adecuada reinserción social, el ejemplo de Estados Unidos es tan exquisito para evaluar la privatización carcelaria internacional, porque se trata de una potencia mundial que apostó por este método, sin embargo no ha tenido el resultado esperado, si bien es cierto el número de centros penales aumentó, además de la reducción en costos de infraestructura por parte del gobierno en centros penales, reducción de las tasas de hacinamiento y costos operativos que conlleva la administración de un sistema penitenciario pero se han convertido en cementerios de personas vivas.
Cuando se habla de cementerios de personas vivas específicamente se hace referencia a la interpretación que se le puede dar a este fenómeno, y es que un contrato por servicios penitenciarios con cualquier gobierno implicaría una serie de cláusulas a cumplir como en cualquier otra materia, dentro de lo que se podría resaltar de estos acuerdos es que para que el sistema funcione sin que tenga ningún perjuicio para ninguna de las partes, se necesita cumplir con ciertos requerimientos uno de ellos es la población huésped requerida para que la empresa que brinda el servicio no tenga pérdidas. Contablemente las inversiones que realizan las empresas privadas en infraestructura son sumamente cuantiosas y requieren un apalancamiento por parte del gobierno para darle la rentabilidad al proyecto, este apalancamiento se traduce en rigidez en para los procesos donde medien penas considerables y prisiones preventivas.

Países como Colombia consideran que es prudente el modelo de privatizar las cárceles para disminuir los costos que soportan la construcción de nueva infraestructura carcelaria por parte del gobierno sin embargo, desde el análisis criminológico no es prudente dejar el 100% de las operaciones que se desarrollan dentro de estos recintos en manos de empresa privada, esta afirmación obedece fielmente a la experiencia internacional como ya se resaltó de países como Estados Unidos, Chile, México y otros que han apostado a este modelo, dejando en manos privadas la reinserción social.
Al respecto, mi punto de vista como futura profesional en Ciencias Criminológicas, es que posiblemente la privatización de los centros penitenciarios produzca una resolución de problemas que para el gobierno sean difíciles de solventar el mediano e incluso en el largo tiempo, sin embargo es un tema delicado y mi sugerencia es que no se deje en manos de empresa privada el 100% de las operaciones carcelarias, es decir que se creen alianzas público-privadas en las que se le encomienden ciertos sectores dentro de los que sugiero servicios de alimentación a privados de libertad, limpieza, monitoreo electrónico, sistemas de llamadas entre otros que permitan invertir a la empresa privada y que obtengan alguna utilidad por su inversión en nuevos y modernos centros penitenciarios, con condiciones idóneas para preparar profesionalmente a la población reclusa a través de sistemas educativos y el acompañamiento profesional íntegro que garantice una adecuada reinserción social.
La privatización total de los centros penitenciarios, no es en ninguna medida una opción viable, porque basada en la experiencia de otras naciones se le da solución a un problema pero surgen otros de mayor relevancia, falta de profesionalismo en el trato al privado de libertad, se debe tomar en consideración temas fundamentales como el acompañamiento psicológico, espacios para recreación, entorno familiar y social entre muchos otros, que intrínseco implican dinero,  y no solamente construir celdas de máxima seguridad y encerrar a las personas en ellas y someterlas a un sistemas de vigilancia.
Se trata de personas y merecen se respeten sus derechos.
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Ventajas y desventajas de la privatización de centros penales

            La privatización de los centros penales en América toma fuerza desde hace algunos años atrás, algunos gobiernos deciden dejar en manos de empresas privadas el sistema penitenciario y todo lo que a él respecta, este escenario tiene aspectos favorables que se pueden resaltar, pero también desventajas que no están al margen de las líneas de acción.
            Dentro de las ventajas que se pueden mencionar de la privatización de las cárceles se puede indicar las siguientes:
Solución Viable al problema de hacinamiento: El hacinamiento carcelario en Costa Rica es un problema que se ha convertido en el pan de cada día dentro de las cárceles, para el 2019 se estimaba que el porcentaje de sobrepoblación carcelaria se encontraba en un 37%, la privatización de los centros penitenciarios se convierte en una opción factible para darle solución a este problema que ya deja una huella difícil de borrar a lo interno de las prisiones.
            Incorporar a la empresa privada dentro del sistema penitenciario ayudaría a que se respeten las capacidades instaladas de las infraestructuras que se construyan, con esto se garantizaría que cada persona puede contar con el espacio mínimo requerido para su sana convivencia y que además cuente con las condiciones adecuadas de salud para quien ocupe estos espacios.
Aumento de la eficacia en los procesos: las empresas privadas funcionan en razón de sus clientes, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos, así las cosas al momento de privatizar el sistema penitenciario implicaría que el Gobierno (tomando como ejemplo Costa Rica), se convierte en el cliente de la empresa privada que administra el sistema penitenciario, al igual que la población reclusa, por ende ambas partes pueden exigir respuesta oportuna a ciertas necesidades cuando estas se detecten, y cuando así lo establezcan los contratos, por lo que los trámites serían más rápidos y eficientes.
Construcción de más centros penitenciarios: Actualmente Costa Rica cuenta con diferentes modalidades carcelarias, pero sin duda la lupa se encuentra sobre los Centros de Atención Institucional, que es donde se encuentran las personas recluidas  al 100% hasta que se cumpla la pena, o bien hasta que un juez lo decida, en total no son más de 20 los espacios físicos que se han destinado para tal fin, todos ellos cuentan con un sinfín de deficiencias, por lo que si se incluye a la empresa privada dentro del sistema penitenciario se garantizaría que se construyan más centros para albergar a personas privadas de libertad con condiciones adecuadas, como ya se mencionó en la primer ventaja.
Mejorar el procesamiento para la clasificación de los privados de libertad: Hasta hace algún tiempo la población privada de libertad se ubicaba dentro de los recintos penitenciarios de acuerdo con el perfil criminal, sin embargo en la actualidad se ubican donde exista un espacio disponible,  siendo el problema de hacinamiento el responsable de que las decisiones de ubicación se tomen de esa manera, al privatizar los centros penitenciarios se puede retomar la modalidad de clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo con el perfil criminal o cualquier otra modalidad que se sugiera y se compruebe que tenga un beneficio.  
Mejorar las condiciones de vida para el privado de libertad: Evidentemente el mejoramiento de las condiciones de vida de los privados de libertad mejoraría cuantiosamente porque se establecerían políticas de salud acordes a la capacidad instalada de cada centro penitenciario.
Desventajas
Quebrantamiento de medidas menos costosas y mayor efectivas en la reinserción social: Con esto específicamente se hace referencia al quebrantamiento de modalidades actuales equivalentes a las privativas de libertad por ejemplo los Centros de Atención Semi Institucional, o mejor conocidos como centros de confianza, ya que difícilmente la empresa privada tenga la disposición para darle continuidad a esta modalidad.
Disminución de la carrera profesional de los colaboradores: El sistema penitenciario actual, cuenta con una serie de incentivos y beneficios que le permiten al colaborador especializarse profesionalmente en alguna área afín a la función policial y de esta manera se profesionaliza la policía en áreas como Administración, Psicología, Educación Física entre otros; todo este conocimiento que se obtiene con el talento profesionalizado se puede lograr poner en práctica dentro del sistema penitenciario, detectando posibilidades de mejora, sin embargo la empresa privada difícilmente le sea factible otorgar licencias de estudio a sus colaboradores, por cuanto esta se rige por costos de operación y generación de utilidades lo que se traduce a que si un funcionario requiere de un cierto tiempo para acudir a su estudio para la empresa no será viable y posiblemente no le dé la oportunidad.
Aumento de la población penitenciaria: Los contratos de funcionamiento donde se privatiza algún sector del estado actúan en razón del utilidad por persona (per cápita), lo que se podría transcribir en un aumento considerable de la población carcelaria que responda a la generación de utilidades, como lo menciona el autor “esta empresa privada podría, eventualmente, jugar un papel importante en los temas de política criminal nacional, ya que, desde el punto de vista comercial, se cree que le convendrá obtener la mayor ganancia posible” (Núñez y Rojas, 2006, P.68), incluidos delitos menores, y medidas alternas a la prisión preventiva podrían aumentar esos ingresos.

Presiones por parte de los inversores: El inversor al igual que todos los sistemas donde opera el capital privado, ejerce ciertas presiones para aumentar la productividad por ende las utilidades, esta es una de las premisas de que el aumento de la población penitenciaria sea el producto de la presión del inversor afín a ello  Núñez y Rojas aportan “la cárcel privada es un negocio y los negocios deben expandir su mercado, en las cárceles privadas requieren más privados de libertad, no menos” (2006, p. 70),  el mercado de la cárcel son los privados de libertad y sobre ellos irá el nivel de utilidad.

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Inimputabilidad y tratamiento recomendado para los enajenados mentales que cometen delitos

La inimputabilidad entendida está de acuerdo con Hernández (2015) “…es un término jurídico, el cual se define como la capacidad de una persona de comprender las consecuencias que traerá la realización voluntaria de un acto ilícito, y como tal debe ser responsable y responder por el hecho cometido.” Es un criterio médico legal por el cual se ha demostrado durante diferentes experiencias procesales que algunas personas han cometido delitos y que no son capaces de comprender la magnitud de sus acciones.

La diferencia básica y en términos coloquiales dentro de lo que engloba el criterio de imputable e inimputable es que en el primero las personas actúan de acuerdo con sus deseos y motivaciones, sabiendo que los actos que van contrarios a lo que regula el marco jurídico puede acarrear responsabilidades sobre ellos mientras que los segundos no comprenden en su totalidad la magnitud de los eventos o acciones que realizan.

Por tal razón es que un sujeto con una perturbación mental adquiere derechos y obligaciones diferentes, debido a su condición, todos estos son completamente diferidos a los que le asisten y responsabilizan a una persona dentro de los parámetros normales, esta condición se emite bajo un sistema de peritaje psiquiátrico.

Sin embargo, es importante resaltar el hecho del crecimiento en los ingresados al Hospital Nacional Psiquiátrico por una medida judicial, lo que debe ser un aspecto importante y digno de atención por parte de los expertos en la materia, ya que podría tratarse de un portillo legal para evadir la responsabilidad que genera la comisión de un delito.
            Cada persona que se ingresa bajo el diagnóstico de inimputable al Hospital Nacional Psiquiátrico le genera un costo al país que varía de acuerdo al nivel de atención y tratamiento que éste puede requerir, durante su estancia en este centro médico.

            La inimputabilidad conlleva además una serie de estudios que permita emitir un criterio sólido y verás de los actos a los que responde la persona por lo que se toma en consideración razonamientos de orden biológicos, psicológicos, psiquiátricos y sociales.
            Dentro de los aspectos importantes a considerar es que el tratamiento que se debe dar a una persona bajo el criterio legal de inimputable, debe ser aquel que por juicio de los expertos y tomando en consideración todas las inconstantes se le pueda otorgar a esa persona, se debe valorar claramente y tomando en consideración que personas que padecen ciertas enfermedades que los engloban dentro del término descrito, poseen comportamientos variados que pueden llevarlos a tomar ciertas posiciones ante los diferentes entornos a los que está expuesto, por tanto se deben realizar los posibles pronósticos de acuerdo con los escenarios que rodean al individuo para en razón de ello establecer cuales serán los ordenamientos adecuados para no poner en riesgo al individuo, sus allegados y la seguridad común.

En Costa Rica el Hospital Nacional Psiquiátrico es el encargado de darle atención a las personas que padecen alguna enfermedad mental, su diseño no fue realizado para trabajar con personas que hubieran cometido algún delito y que se encontraran bajo la condición de inimputable, por lo que generó muchos contratiempos y malos momentos entre la población ya que la naturaleza de estas instalaciones no era para ese fin.

            Sin embargo, a lo largo del tiempo se han externado casos de personas bajo esta condición que han cometido algún delito y que representan un riesgo para su familia, allegados y sociedad en común, por tal razón se ha trabajado en razón a lo que establece los derechos humanos de las personas y nuestro país como garante de ellos creó un espacio en el que se le diera un trato adecuado y acorde a su condición, en el que no se les trata como delincuentes pero se le da espacial atención a estas personas que han cometido delitos pero son inimputables, para ello se crea Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflictos con la Ley, en el cual se le da un trato adecuado profesional e interdisciplinario a las personas que son ingresadas a este centro  y que por su condición representan una amenaza.

            Dentro del tratamiento que se otorga a esta comunidad se debe garantizar un trato integro y de respeto se deben proteger de cualquier tipo de explotación contraria a lo que establece la ley y el estado debe garantizar la fiscalización de los procesos que se desarrollan a lo interno de este centro con el afán de cumplir con lo establecido en los diferentes tratados de derechos humanos y el marco regulatorio costarricense.


            El fin principal de los tratamientos que se suministran a las personas que se diagnostican inimputables es el de velar siempre por el bienestar del paciente, es por ello que siendo Costa Rica un país que ha promulgado el respeto de los derechos humanos debe dar un trato digno, seguro y adecuado a todo tipo de personas, y en mayor escala cuando se haya declarado a alguien inimputable.

  Hechos de corrupción de la policía penitenciaria y privatización de Cárceles en Costa Rica

            La corrupción es un problema de gran envergadura que afecta los diferentes sistemas políticos de la mayor parte del mundo, y representa cifras significativas con respeto al Producto Interno Bruto de cada nación, Costa Rica no es y no será la excepción durante mucho tiempo, al cabo de los años se ha demostrado niveles importantes de corrupción en los diferentes sistemas que integran todos los poderes del estado, el ejecutivo desde la cartera del Ministerio de Justicia y Paz ha evidenciado ser uno de los sistemas más vulnerables para que actos de corrupción confluyan a lo interno de este.
            El entorno penitenciario como tal  resulta ser complejo pero a la vez susceptible  para que la corrupción se dé en gran medida, dentro de muchas de las variables que se pueden considerar para desmembrar el fenómeno de corrupción  donde interfiere el colaborador policial y la población penal se pueden enumerar un sinfín de ellas, sin embargo visto desde la ética y la moral personal, la corrupción se da justamente por falta de ellas, la ética profesional viene a marcar las pautas de comportamiento dentro de la honorabilidad del servidor policial en este caso, y la moral que indica cual es el comportamiento humano aceptable dentro de un círculo social.
            A la sombra de los centros penitenciarios en Costa Rica se cobija y se fortalece la corrupción, a menudo es frecuente escuchar casos de corrupción dentro de las cárceles, donde se da entre otras variables a causa de intercambios de drogas, dispositivos electrónicos, beneficios internos entre otros.
            Si fuera necesario hacer referencia a ellos se podrían citar por cientos, colaboradores que se les ha dado de baja por comprobárseles actos de corrupción, otros que enfrentan causas judiciales y administrativas, pero sin duda en la historia costarricense se recordará el 11 de mayo de 2011 como uno de los actos de corrupción que terminaron en tragedia.
            La causa que se investigó a partir de esa fecha y por la que se condenaron a varias personas dentro de ellas a un jefe policial del ámbito F, de la reforma conocido por máxima seguridad, y se logró comprobar que formó parte de los actores del intento de fuga donde perdió la vida un policía penitenciario y fue abatido Erlin Hurtado, quien descontaba una condena por el asalto al banco Nacional de Monteverde.
            Durante la investigación se logró comprobar que el funcionario incurrió en actos de corrupción como menciona Estrada
El uniformado estaba en uno de los ámbitos de Máxima Seguridad y a cambio de ¢2 millones entregó un juego de llaves, luego de una distribución de funciones, con el fin de reducir a la impotencia a los oficiales, tomarlos como rehenes y escudos humanos, para ello hubo acopio de armas de parte de Castro Vindas. (2015)
De tal manera que los pasillos de los centros penitenciarios son un lugar donde perfectamente la corrupción se puede desarrollar en toda su amplitud y hasta que no se realicen intervenciones puntuales y específicas dentro del sistema no se solucionará ese problema.
De cara a esta problemática existen otras ideas que se han analizado con el paso del tiempo y que han tenido resonancia entre las distintas corrientes políticas como lo es la privatización de los centros penitenciarios, esta podría ser una solución a muchos de los problemas que se originan dentro de las prisiones y que involucran a funcionarios de esta institución, sin embargo se debe realizar un análisis profundo del costo-beneficio que puede implicar el desarrollo de una estrategia como a privatización de las cárceles.
La privatización de los centros penitenciarios en Costa Rica podría darle solución a problemas que agobian al Ministerio de Justicia y Paz, como el hacinamiento carcelario, la corrupción los problemas de infraestructura entre otros que suscitan esta ideología, sin embargo, la experiencia internacional indica lo contrario a esta idea porque incluso países que son potencias mundiales como Esta dos Unidos, no han tenido los resultados esperados de la privatización de los centros penales.
Es por eso que desde mi punto de vista profesional considero que la privatización total de los centros penitenciarios no son una opción viable para el sistema penitenciario costarricense, debido entre muchas razones a que Costa Rica ha venido en los últimos tiempos apostándole a una reinserción social distinta a la que las manos privadas podrían darle, en gran medida porque el fin principal de la empresa privada es obtener ganancias de las funciones u operaciones que realicen o brinden, por eso se pondría en entre dicho que la privatización del sistema penitenciario de una solución óptima y oportuna a los problemas que emergen dentro de las cárceles, incluyendo la corrupción dentro de la policía penitenciaria.
De este modo, mi recomendación es que si es necesario intervenir los centros penitenciarios de una manera integra y pronta, en una lucha que ayude a defender los derechos humanos de las personas que se encentran principalmente dentro de los centros de atención institucional, de tal manera que se podrían crear alianzas estratégicas público-privadas para ayudar a darle solución al sin fin de problemas que surgen dentro de este contexto, pero sin dejar de lado al Ministerio de Justicia y Paz.

Este ha demostrado ser un hijo garante de la democracia y la institucionalidad costarricense y por ende se debe resaltar los objetivos que sigue, y por esa misma senda actuar responsablemente hacia la mejora continua con nuevas estrategias de acción, incluso incluyendo la empresa privada bajo los parámetros que ya mencioné.

Explicación del Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflictos con la Ley (CAPEMCOL)
Costa Rica apuesta por una reinserción social de aquellas personas que por razones de inimputabilidad por padecimientos mentales obtienen esa condición, pero sin embargo han participado en actos ilícitos, en por lo que en convenio entre la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica y el Ministerio de Justicia y Paz se crea el Definido Guerrero como “Es un centro especializado en la atención y tratamiento médico psiquiátrico de los privados de libertad con trastornos mentales agudos referidos de las distintas sedes penitenciarias del país, que opera desde agosto de 2011” (s.f). Este centro cuenta con profesionales en psiquiatría que se dedican darle el tratamiento adecuado y requerido para aquellas personas que se encuentran dentro de esta modalidad, es importante además mencionar que dentro de este centro se encuentran personas que son sometidas a algún proceso por medidas curativas y además personas que se encuentran dentro de este recinto con medidas cautelares otorgadas por un tribunal por causas en proceso.
Al igual que otras instituciones del país, el Centro de Atención para personas con enfermedades mentales con conflictos con la ley, se enfrenta a serios problemas y principalmente los económicos, con necesidades insondables, pero con recursos limitados, como sucede en una mayoría de las instituciones públicas del país, es por eso que se han encontrado disyuntivas en lo que respecta a la logística operativa del centro por parte de los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, por su parte el Ministerio de Justicia y Paz experimenta la misma problemática, la capacidad instalada dentro de este centro es para no más de 100 personas.
Se opera de manera conjunta entre los profesionales en ciencias de la salud de la Caja Costarricense del Seguro Social donde destacan servicios de psiquiatría, medicina familiar y comunitaria, geriatría, enfermera en salud mental, farmacia, trabajo social, terapia ocupacional, terapia física y medicina general con el apoyo y mandato constitucional de los funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz para el resguardo de la integridad tanto de los que se encuentran dentro de esta modalidad como la de los profesionales de la salud.
La población residente dentro del centro es proporcionalmente mayor de hombres, al igual que como sucede dentro del sistema del Ministerio de Justicia y Paz, la tendencia delictiva es proporcionalmente  de hombres con respecto a las mujeres, debido a que es un centro que se ha adaptado para no cuenta aún con los requerimientos adecuados e idóneos para albergar poblaciones de ambos sexos, por lo que a las mujeres que se envían al centro se ubican en espacios dentro del Hospital Nacional Psiquiátrico.
            Reiterando el centro es una modalidad relativamente nueva en los sistemas médicos costarricenses, sin embargo, ha sido criticado por muchas personas profesionales en diferentes áreas y se ha incluso llevado a medios escritos de circulación nacional las preocupaciones de expertos quienes consideran que el centro puede verse como un equivalente a la prisión y resaltan los factores que llevan al perito a diagnosticar como inimputable a una persona. Dentro de esta arista se debe tomar en consideración que además de personas que no se pueden procesar legalmente por la comisión de delitos, se encuentran personas con inimputabilidad disminuida por lo tanto desde el acompañamiento profesional se debe dar el mayor de los aportes para buscar lograr una reinserción social adecuada además de enmarcar y estudiar los diagnósticos con el fin de buscar el bien no solo de quien se encuentra dentro del centro sino de sus familiares y la sociedad en general.
            El centro al ser un producto de los procedimientos y estudios que ha desarrollado la Caja Costarricense del Seguro Social en conjunto con los profesionales del Ministerio de Justicia y Paz, garantiza al huésped que contará con servicios médicos de calidad, así como servicios de apoyo y servicios administrativos, todos estos sin sección tal cual se dan en los centros comunes de aparato de salud costarricense.
            En el marco del desarrollo de las funciones normales que brinda el centro a futuro se enmarca dentro de una combinación de talentos y funciones aún más integral tomando en consideración las políticas y procedimientos no sólo del seguro social, sino que se pretende evaluar nuevas políticas por parte del Poder Judicial por la responsabilidad que el marco regulatorio ostenta en este y del Ministerio de Justicia y Paz.
            Es prudente que desde la parte criminológica se establezcan políticas y procedimientos para la sana convivencia a lo interno del recinto, porque si bien es cierto no es ni se pretende que este sea una cárcel más del país pero por las calidades de las personas que allí confluyen se deben aumentar las medidas de seguridad que se practican a lo interno, medidas que pretendan garantizar los derechos de cada individuo y que no se ponga en riesgo la integridad física y mental del acogido.
            Finalmente, desde mi representación como futura profesional en ciencias criminológicas considero importantes los avances que el país ha dado en cuanto al estudio de estos casos, sin embargo considero que este debe ser un punto de interés no sólo para el la Caja o Justicia y Paz, este debe ser un centro de atención de muchos sectores incluyendo el sector político, en aras de dotar de mejores instalaciones e insumos a este ámbito de reinserción social.

Referencias bibliográficas 
RT en español. (Productor). (2013). Cárceles privadas, un negocio rentable para grandes corporaciones de EE.UU. [Internet] De: https://www.youtube.com/watch?v=81E77CldfA8


Núñez, E., Rojas, F. La privatización de las cárceles: El caso de Costa Rica. (Postgrado Maestría). Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

 Hernández, F. (2015). La imputabilidad e inimputabilidad desde el punto de vista médico legal. Medicina Legal de Costa Rica - Edición Virtual. Vol. 32 (2)


Estrada, M. (28 de marzo de 2015). Condenan jefe policial por fuga de La Reforma a 29 años de prisión por dar llaves y armas, Alajuela. Diario Extra. Recuperado de https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/256344/condenan-jefe-policial-por-fuga-de-la-reforma

Guerrero, L. (s.f). Congreso latino-iberoamericano de derecho médico. Perspectivas en la atención de personas con enfermedad mental y conflicto con la ley. Recuperado de: http://medicos.cr/web/documentos/derechomedico/Jueves/Atencio%CC%81n%20de%20personas%20con%20enfermedad%20mental%20y%20conflicto%20legal.%20Dr.%20Lenin%20Guerrero%20.pdf

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